Cada día se hacen más frecuentes las quejas de los ciudadanos respecto de la conducta de sus representantes populares y gobernantes emanados de todos los partidos. A los ojos de la ciudadanía la política se ha degradado y quienes se dedican a esa actividad, más que servir a la sociedad se sirven de ella, y se han convertido en una carga perjudicial para el país y su población.

Es constante escuchar comentarios entre opinadores y analistas sobre la necesidad de desaparecer las cámaras de diputados o de senadores, o cuando menos, reducir el número de sus integrantes a la mitad. Se sugiere también, correr o a la mitad de los funcionarios gubernamentales ya que, se dice, sólo se dedican a cobrar altos salarios y a enriquecerse a costa del erario público.

En buena medida esta opinión se explica porque durante los últimos años la situación económica y social, el empleo, el ingreso familiar, la educación, el acceso a la salud, a una vida digna y la seguridad, lejos de mejorar, han empeorado, lo que demuestra la ineficiencia e incapacidad de los gobernantes y legisladores para atender las necesidades de sus representados.

A lo anterior, debemos agregar la degradación que ha sufrido la actividad política y la función de los partidos. Por un lado, es una realidad insoslayable que el abuso y la impunidad de muchos sedicentes servidores públicos se ha multiplicado geométricamente. Por el otro, que las burocracias y los grupos de presión al interior de los partidos políticos, en lugar de desempeñarse como instancias de interés público y ponerse al servicio de la comunidad, a la que se deben, y de la que viven, pareciera que existen sólo para responder a sus intereses personales y de grupo.

Ante esta realidad resulta imperativo que la sociedad en su conjunto se organice y construya los mecanismos para dignificar la política y limpiar el servicio público; acabar con la impunidad y construir un escenario de esperanza y mejor futuro para la sociedad, en la que los representantes y servidores públicos cumplan su función con apego a principios éticos y cívicos universales.

En este contexto resulta fundamental que los procesos electorales que enfrentaremos en julio de este año se transparenten, y que los partidos políticos lleven como candidatos a los mejores hombres y mujeres a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión.

No asumir ese reto, puede llevar a la sociedad a una descomposición más grave y al país a una crisis de dimensiones insospechadas, que aún no conocemos.